viernes, enero 02, 2015

El Derecho a la Identidad es de Todos. Pedimos que el Estado acceda a investigar a pedido del interesado los casos de sustracción de identidad.

Por Graciela Palma Arizaga*Leo en un diario “agrupaciones de derechos humanos no alineadas con el Gobierno...” y pienso: ¿derechos humanos para unos y para otros no? ¿Derechos humanos de izquierda, de derecha, de centro? ¿La ideología nos hace más o menos personas?

Quienes venimos reclamando por el derecho a la identidad para los que no fuimos adoptados legalmente sino anotados como hijos propios, nacidos en todos los tiempos históricos, observamos esas diferencias y nos cuesta entenderlas. Pero es una cruda realidad para los más de tres millones de ciudadanos con sustracción de identidad que viven en Argentina. ¿Cómo surge esta cifra? Es una estimación basada en la información que manejan diferentes ONG y organismos públicos relacionados con la problemática de personas que no conocemos nuestros verdaderos orígenes. No conocemos los nombres de nuestros padres biológicos, el lugar de nuestro nacimiento, las enfermedades familiares que podemos llegar a padecer, o que pueden afectar a nuestros hijos.
Despedimos 2014 con cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional, con la firma de varios diputados y senadores de distintos bloques. Pedimos que el Estado acceda a investigar a pedido del interesado los casos de sustracción de identidad. Pedimos que la experiencia obtenida para investigar lo sucedido durante la última dictadura se aplique para aclarar la identidad de personas que no conocen sus verdaderos orígenes.
El Frente para la Victoria no adhirió a ninguno de esos proyectos. Y dependemos de ellos; son la mayoría. No es la primera vez que ocurre y siempre nos hicimos la misma pregunta: ¿por qué? Las respuestas recibidas en todos estos años no estaban fundamentadas seriamente: “No hay archivos”; “Sus padres de crianza están muertos”; “Como delito, prescribió”; “¿Buscan herencias?”; “No tienen derecho a hacerles revivir a sus madres biológicas lo sucedido”.
Archivos hay. Es más, existe la documentación sobre la entrega del niño Benito Quinquela Martín y un registro de 1927 donde una persona solicita información sobre su llegada al orfanato y posterior entrega a la familia que lo crió. ( La adopción de niños como cuestión social , M. F. Elías, editorial Paidós, 2004). No existía aún la adopción pero se registraba todo.
Nuestro reclamo incluye la confidencialidad y el respeto en las búsquedas, en especial hacia esa parte biológica que desconocemos.
La identidad no es buscar personas, sino esa información a la que sí pueden acceder los adoptados, porque tienen un expediente: fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, antecedentes médicos, lo que sucedió. Cada uno decidirá después si desea reencontrarse con esa parte biológica o no.
Sabemos que no todos lograremos conocer nuestra historia completa, pero nadie tiene derecho a negarnos esa posibilidad. La Convención de los Derechos del Hombre, de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, nos avalan. El Estado debe garantizar el derecho a la identidad de las personas.
El derecho a la identidad es de todos, se haya nacido en cautiverio, producto de una violación, producto del abandono o por alguna otra razón. En esto no puede haber discriminación política, partidaria o ideológica.
Llevamos una década de lucha por un derecho que nos corresponde. No podemos decir que fue una década ganada.
Si en 2015 el Gobierno persiste en su capricho de no reconocer nuestro reclamo, los proyectos de ley perderán estado parlamentario y pasarán a archivo. ¿De qué nos servirán entonces los modernos DNI que portamos si los datos sobre nuestra identidad son falsos?
*Coordinadora en Derechos Humanos de la Red Suma + Mujeres en Unen
El texto original de este artículo fue publicado el 31/12/2014 en La Voz del Interior (Córdoba)